Proclamada la Independencia de México, don Juan O’Donojú O’Ryan, capitán general de las provincias de Nueva España, primero y único jefe superior político, fue nombrado miembro de la regencia; pero apenas había entrado ésta en funciones, cuando el oficial falleció debido a una pulmonía y dolor pleurítico. La enfermedad se manifestó a los pocos días de haber llegado a la ciudad de México[1], y aunque al principio no parecía de peligro (incluso al quinto día la calentura había desaparecido, pero continuó con la expulsión de flemas), se agravó en el séptimo, a grado tal que temiendo lo peor, se le aplicó con gran solemnidad el viático (los santos sacramentos), la noche del 7 de octubre de 1821, falleciendo el 8 a las cinco y media de la tarde, trece días después de haber entrado a la capital.[2] [3] [4]
*****
Se le hicieron los honores que se acostumbraban a los virreyes: El cadáver fue embalsamado y vestido con el uniforme de teniente general de los ejércitos españoles, con todas las insignias militares que le correspondían; se le colocó el manto azul celeste de la gran cruz de Carlos III y la de igual clase de San Hermenegildo. Posteriormente, el cuerpo fue colocado en una cama y expuesto en la sala principal de su casa rodeado de cirios, en donde también se colocaron tres altares cubiertos de luto y a donde se presentaron por orden, los religiosos a cantar misas y responsos el día 9, fecha en que también estuvo abierta la entrada al público. La mañana del 10, fue conducido a la catedral para su funeral y sepultura, iniciando la marcha un piquete de granaderos vestidos de gala para abrir paso, pues las calles estaban llenas de gente queriendo ver al difunto. Le seguían los pobres del hospicio, luego los del divinismo y los trinitarios; enseguida, las cruces de las parroquias y el venerable cabildo eclesiástico. El féretro fue cargado por cuatro caballeros de Carlos III, que alternaban la labor con igual número de coroneles, mientras que la tapa era llevada por cuatro lacayos con la librea del finado. A sus lados, la guardia de honor que le correspondía por su cargo, con sus armas a la funerala. Le seguía el duelo, conformado por todas las corporaciones y que era presidida por la regencia. A continuación marchaban los granaderos imperiales con uniforme de gala; dos escuadrones de dragones del rey, que era la antigua escolta de los virreyes, el coche de gala de Iturbide con su escolta y finalmente, mucha gente que acompañó al cortejo durante su recorrido. Las honras fúnebres fueron espléndidas, haciendo el oficio de sepultura el arzobispo. Una vez finalizada la misa de cuerpo presente, O’Donojú fue depositado en la capilla de los reyes de la iglesia Metropolitana, realizando las tres salvas de ordenanza al inicio, a la mitad de la misa y al colocar el cadáver en el sepulcro. Terminada la ceremonia, el duelo, junto con la regencia, retornaron a pie a la casa del finado, en donde la primera recibió y respondió las arengas acostumbradas.[5] [6] [7]
*****
El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala con el respaldo de gran parte del país. El 24 de agosto el capitán general Juan O’Donojú, firmó junto con aquél, los Tratados de Córdoba. El 25 de septiembre, salió de la capital hacia Veracruz para embarcarse, el conde del Venadito, último virrey gobernador y capitán general de Nueva España.[8] El jueves 27 entró a la ciudad de México el ejército Trigarante, en medio de vítores al caudillo que había consumado la emancipación casi sin derramamiento de sangre y que además, cumplía los 38 años ese mismo día. Al día siguiente, fue suscrita y pronunciada el Acta de Independencia[9] del Imperio Mexicano, tras haber sido previamente instalada la Soberana Junta Provisional Gubernativa. Esta junta se creó de acuerdo con el artículo 5° del Plan de Iguala, con el fin de ejercer el Poder Legislativo mientras se llevaba a cabo la convocatoria electoral para la conformación del Congreso. La junta estuvo compuesta por 38 personas elegidas sin parcialidad por Iturbide[10] [11], rigiendo al país del 28 de septiembre de 1821 al 24 de febrero de 1822, cuando quedó instalado el primer congreso constituyente del Imperio mexicano. Por unanimidad, fue elegido el jefe del ejército Trigarante como presidente de la junta, misma que fue la encargada de constituir la Regencia del Imperio Mexicano en su sesión nocturna de ese mismo 28 de septiembre, eligiendo también a Iturbide como su presidente y como secretario a Juan O’Donojú. Asimismo, nombraron al doctor Manuel de la Bárcena, gobernador del obispado de Michoacán; al oidor José isidro Yáñez y Nuño[12] y a Manuel de Velázquez de León y Pérez, ex secretario del virreinato. Aunque originalmente el tratado señalaba que la regencia estaría conformada por tres integrantes, Iturbide y O’Donojú argumentaron que posteriormente habían convenido que fueran cinco, a lo que se opuso Fagoaga, miembro de la junta, quien sostenía que debería respetarse el número de integrantes indicado en el Tratado de Córdoba. Idea que respaldó el obispo de Puebla, pues consideraba que “la experiencia había enseñado que la marcha de los negocios es más pronta y expedita, cuando es menor el número de los que ejercen el poder ejecutivo. ¡Ojalá!, que fuese solo uno regente y que tuviera dos colegas o asociados como consultores”. A los regentes se les asignó un sueldo de diez mil pesos y un distintivo que consistió en una banda con los colores Trigarantes, que bajaba del hombro derecho al costado izquierdo. Como en su momento, Iturbide era presidente tanto de la junta como de la regencia, se nombró presidente de la primera al obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, pero permitiendo a Iturbide conservar la precedencia siempre que acudiera a ella. A la muerte de O’Donojú, la junta se ocupó de buscar un sustituto que ocupara su lugar en la regencia, siendo elegido Pérez Martínez, que a la sazón continuaba ejerciendo como presidente de la junta. Entonces, se buscó nombrar a un nuevo presidente para esta, misma que por votación recayó en el arzobispo Pedro José Fonte Hernández de Miravete; pero este se excusó de ocupar el cargo por su “delicada salud” (algo que la junta admitió, pero recriminándole su posición, aunque finalmente lo disculpó).[13] Por tanto, fue elegido el doctor José Miguel Guridi y Alcocer[14], renovándose la presidencia en lo sucesivo cada mes. De esta forma, el Poder Ejecutivo recayó en la Regencia y el Poder Legislativo en la Soberana Junta Provisional Gubernativa. El mismo 28, la junta quiso dar un reconocimiento nacional a Iturbide, declarando que no era incompatible su puesto de presidente de la regencia con el mando del ejército que tenía, nombrándolo por aclamación generalísimo de las armas del imperio de mar y tierra o generalísimo y almirante, siendo esta asignación de carácter personal que debía cesar al momento de su muerte. Se le otorgó un sueldo de 120 mil pesos anuales, que comenzó a correr desde el 24 de febrero de 1821. El 6 de octubre, la junta decretó que debido a que en la capital y en algunos otros lugares aún no se habían realizado los actos de jura y proclama de la independencia, debían verificarse en la capital el 27 de mismo mes y en el resto de las ciudades que no las hubieren hecho, dentro de un mes después de recibida la orden. Durante la sesión del 21 de febrero de 1822, se aprobó un dictamen en donde se proponía que de los bienes de la extinguida Inquisición, se le diera en propiedad las fincas suficientes para completar un millón de pesos de capital propio, junto con un terreno de veinte leguas cuadradas pertenecientes a la nación en la provincia de Tejas[15] [16]. También se decretó que recibiera el tratamiento de alteza serenísima.[17]
La entrada del ejército Trigarante a la capital, junto con la desaparición del gobierno virreinal, trajo como consecuencia la capitulación de las fortalezas de Perote y Acapulco, que todavía permanecían en poder de los realistas. La primera fue ocupada el 9 de octubre por el entonces coronel Antonio López de Santa Anna, junto con la 11ª división que comandaba; y la otra, el 15 del mismo mes por el comandante de división del ejército de las Tres Garantías, Isidoro Montes de Oca. Tras la pérdida de ambas plazas, solo le quedaba al feneciente gobierno español, la fortaleza de San Juan de Ulúa, ocupada por las fuerzas del mariscal José Dávila desde el 26 de octubre de 1821[18].
Primeros y vacilantes pasos de la junta y la regencia
La conformación del congreso
Una vez instalada la junta y nombrada la regencia, para despachar los asuntos nacionales, el 4 de octubre de 1821 se crearon cuatro ministerios: el de relaciones exteriores e interiores, justicia y negocios eclesiásticos, guerra y marina, y hacienda, con un sueldo de ocho mil pesos anuales a cada uno de los ministros. Por su parte, el almirante generalísimo dividió la administración militar del imperio en cinco capitanías generales e hizo los nombramientos correspondientes para su gobierno: Provincias Internas de Oriente y Occidente con el mariscal de campo Anastasio Bustamante; para Nueva Galicia (hoy Durango), Zacatecas y San Luis Potosí al teniente general Pedro Celestino Negrete; en México, Querétaro, Valladolid (Morelia) y Guanajuato al el mariscal de campo Manuel de la Sotarriva; al mariscal de campo Domingo Estanislao Luaces para Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tabasco; Sur (jurisdicciones de Tlapa, Chilapa, Tixtla, Ajuchitlán, Ometepec, Tecpan, Jamiltepec y Tepoxcoluca), al mariscal de campo Vicente Guerrero. Entre tanto, el 13 de octubre se publicó, por bando y con toda solemnidad, el acta de independencia del imperio. Para ello, se realizó una gran parada militar encabezada por un escuadrón de caballería, seguido de una banda de tambores y pitos conformada por todos los regimientos y sus bandas musicales. Les seguía el sargento mayor de la plaza acompañado de su ayudantía. Cerraron el desfile piquetes de todos los cuerpos de infantería y dos escuadrones de caballería.[19] [20]
El 16 de octubre, por una propuesta de Francisco Manuel Sánchez de Tagle,[21] se le asignó a la viuda de O’Donojú, doña Josefa Sánchez-Barriga Blanco, “…en atención al mérito que contrajo el Exmô Sr. Don Juan O-Donojú, en la capitulación de Córdoba…la pensión vitalicia de doce mil pesos anuales entretanto permanezca en el Imperio o salga de él con justa causa calificada por la Regencia…” [22]
Por otra parte, desde que la junta inició sus funciones, hubo visos de oposición a Iturbide, con todo y que sus miembros fueron nombrados por él y en poca cantidad. Así, esta se dividió en dos bandos: sus antagónicos, conformado principalmente por los integrantes del partido liberal. Este último tiene su posible inicio con el grito de independencia, cuando los expedicionarios que llegaron a México implantaron la francmasonería, creando logias bajo el rito escocés. La llegada de O’Donojú dio un fuerte impulso a la francmasonería, pues muchos de los llegaron con él, se sumaron a las logias existentes y aún formaron otras, todas bajo el rito escocés, propagando así los principios liberales. Esto sitios se volvieron focos de conspiración política y aumentaban en número conforme a la contrariedad que las disposiciones del gobierno creaban o a los intereses individuales que cada uno buscaba fomentar. También se unieron con los antiguos insurgente que Iturbide menospreciaba, los europeos que apoyaban el Plan de Iguala y querían que un príncipe español ocupara el trono del imperio y los republicanos, que convencidos de que no llegaría el mencionado príncipe, buscaban impedir que Iturbide se alzara con el cetro, encaminándose a instaurar la república como forma de gobierno. Y sus incondicionales, integrado por los mismos iturbidistas y por todos aquellos que deseaban la independencia instituyendo un gobierno monárquico pero completamente nacional.[23]
Entre los opositores en la junta sobresalía el abogado José María Fagoaga[24], español muy apreciado por su origen, instrucción y riqueza, quien se opuso a la propuesta del obispo de Puebla a que se dijese que Iturbide había sido nombrado presidente de la regencia por aclamación: “Dígase que por unanimidad: no demos este mal ejemplo, porque en lo sucesivo en soltando esta voz y considerándose ya los demás sin libertad, se verán en el caso de sufragar aun contra su intención”. También fue él quien expuso que el haber sido nombrado Iturbide presidente de la regencia cuando ya lo era de la junta, diluiría la división entre los poderes ejecutivo y legislativo, además de que era incompatible con el sistema liberal. Sin embargo, queriendo guardar la consideración a Iturbide, se acordó que se le diera la preferencia en lugar y asiento en los actos honoríficos de ambas corporaciones. Si bien los argumentos de Fagoaga no carecieron de razón, Iturbide los vio como una consecuencia de su enemistad con él y con un sector de la junta. Al respecto, el regente presidente se lamentó en un manifiesto: “Empezó la junta á ejercer sus funciones: me faltaron las facultades que le había cedido; a los pocos días de su instalación, ya vi cual habría de ser el término de mis sacrificios: desde entonces me compadeció la suerte de mis paisanos.” O´Donojú, por su parte, vaticinando las fatídicas consecuencias que estas diferencias podían traer, comentó en alguna ocasión con sus amigos: “yo preveo que los hombres de bien van a padecer mucho.” [25] [26]
Don José María Fagoaga Liyzaur.
Con respecto a los desaciertos que estaban ocurriendo en la junta hasta ese momento, el historiador Lucas Alamán repartió culpas, pues consideró que Iturbide cometió el error, posiblemente inevitable, de entregar la nación desde el primer día de su conformación a un cuerpo deliberante, con un modelo de gobierno completamente nuevo y desconocido, y cuyos inconvenientes había previsto con anterioridad. Por otra parte, también razonaba que la junta había cometido el error de nombrar a Iturbide generalísimo almirante, declarando que no era incompatible con su puesto de presidente de la regencia, y por poco estuvo de que tampoco lo fuera con el de presidente de la junta. Su completa autoridad sobre un ejército grande en número y con una gran cantidad de personas con fuero, distribuidas en todas las provincias y apoyadas por las cinco capitanías, daban al generalísimo un poder pleno, no solo independiente de la junta y la regencia, sino incluso, en oposición a ella. También consideró que se cometió otro desatino cuando la junta le concedió a Iturbide tal cantidad de poder, que el emperador, cuando llegara, tendría que estar bajo su sujeción en todo lo referente al ejército. Fue entonces cuando le dio el tratamiento de Alteza Serenísima, “…pero en los oficios que se le dirijan se omitirá la ante firma, para conservar esta distinción a la Regencia”. Por consiguiente, había tres poderes en el estado: la soberana junta que no aceptaba más límites que las que se imponía ella misma, declarando además que era lo urgente para resolverse o no; la regencia e Iturbide. Este último como generalísimo tenía el único poder activo, pero que no podía ejercer libremente sin entrar en conflicto con la junta y la regencia misma.[27] [28]
La junta dispuso que la regencia escribiera en los encabezados de sus decretos la frase: “La Regencia del Imperio Gobernadora interina, á falta de emperador,…”. También mandó se le diera el tratamiento de “alteza”, reservando para sí el de “majestad”. Resolvió que para sus deliberaciones, se sujetaría al reglamento establecido en las cortes de España. Determinó cuáles deberían ser la bandera y armas del imperio y resolvió que se continuarían emitiendo monedas en el año 1822 con el mismo troquel que las de 1821, por no poderse cambiar pronto los cuños, entre otros puntos de menor importancia y mientras recibía las felicitaciones de todas las corporaciones, autoridades y comunidades religiosas del país. Por otra parte, ordenó que todas aquellas ciudades y pueblos que no hubieran proclamado y jurado la independencia lo hicieran en la capital el 27 de octubre y en los demás sitios, dentro de un mes después de recibida la orden. Esto último implicó brindar lealtad a la misma junta y a sus decretos, así como también reconocer la soberanía del imperio.[29]
Desde la sesión del 30 de octubre, la junta comenzó a discutir la forma en que se habría de convocar las elecciones para formar el congreso, pero se detuvo cuando la regencia solicitó que se escuchasen las observaciones que presentaría en algunos días. El proyecto que se discutía era el presentado por una comisión encargada para ello, fundado en la manera en que se hacían las elecciones y formaba el congreso en la constitución española, lo que hizo surgir la duda de si podían hacerse cambios sin contravenir al Plan de Iguala y al Tratado de Córdoba. En cuanto a la petición de la regencia, se acordó esperar su informe, pero sin interrumpir la discusión. El 31 Juan Bautista Raz y Guzmán,[30] propuso que previamente se declarara si se podía alterar la forma de hacer las elecciones, algo que se demostró era posible, aun en contra del presidente Alcocer que estaba renuente a que se apartase de la forma señalada en la constitución española. Como la junta se mantuvo atendiendo una variedad de asuntos, se difirió la discusión sobre la convocatoria hasta la sesión del 7 de noviembre, en donde un miembro declaró: “que la junta no tenía facultad para convocar a un congreso distinto en lo substancial del que previene la constitución española, aunque podían hacerse variaciones en la parte reglamentaria”. Durante la sesión del día 8, y mientras se continuaban con las discusiones, se recibió un documento de la regencia en donde hacía la propuesta de participar en las sesiones con el fin de abreviarlas en lo posible. Esto generó controversia, pues era contrario a los principios de la división de poderes la reunión del ejecutivo con el legislativo. Además, era algo que prohibía el reglamento de las cortes de España adoptado por la junta. Pero como el artículo 14 del Tratado de Córdoba indicaba que: “El poder ejecutivo reside en la regencia, el legislativo en las Cortes; pero como ha de mediar algún tiempo antes de que éstas se reúnan, para que ambos no recaigan en una misma autoridad, ejercerá la Junta el poder legislativo, primero, para los casos que puedan ocurrir y que no den lugar a esperar la reunión de las Cortes, y entonces procederá de acuerdo con la regencia; segundo, para servir a la regencia de cuerpo auxiliar y consultivo en sus determinaciones. Con lo anterior, se resolvió que “la regencia podía asistir a la junta á exponer lo que estimase oportuno, aunque en cuanto a la concurrencia en la discusión y votación, no daba lugar el reglamento y que sobre este particular ya no se admitía más discusión.” Estaba por comunicarse la resolución a la regencia, cuando esta se presentó en la junta, entrando en materia de inmediato su presidente, el almirante generalísimo. Entonces se buscó sostener la resolución de la junta, en lo que respecta a que ya no se admitía más discusión con respecto al reglamento, a lo que el regente José Isidro Yáñez, aludiendo al artículo 14 del Tratado de Córdoba, “que no podía haber acuerdo sin discusión”, a lo que Iturbide agregó, “que la asistencia se solicitaba por la regencia para ser convencida o convencer, y que sus deseos eran, que no preponderase nunca en el gobierno clase alguna del estado.” Después de una larga deliberación, se revocó el acuerdo de la junta y se declaró: “que había libertad para variar el modo de convocar al congreso.” Enseguida, Iturbide presentó una propuesta, en donde señalaba que la elección debía verificarse por clases o gremios, de donde se elegirían a 120 diputados según su importancia e ilustración, quedando un diputado por cada profesión, del clero, mineros, literatos, entre otros. Se resolvió entonces que esta propuesta pasara a una comisión especial para ser analizada, y el día 10 se discutiría la resolución de la comisión con la presencia de la regencia. Ese día, a un planteamiento de Iturbide, la sesión se declaró permanente, quedando resuelto todo lo concerniente a la elección de los diputados y forma del congreso por él propuesta, aunado a las observaciones de esta, y mezclándolo todo con la triple elección indirecta de la constitución española, con la diferencia de que se trasladó a los ayuntamientos las funciones de las juntas electorales. Los diputados elegidos debían de estar en México el 13 de febrero de 1822, para instalar el congreso el 24 de ese mes, en el aniversario del Plan de Iguala. Una vez reunidos, por sorteo serían divididos en dos salas con igual número de diputados y mismas facultades, revisando una de ellas todas las deliberaciones y leyes constitucionales propuestas por la otra. Aquellos diputados que tuviesen recursos suficientes no recibirían dieta, y aquellos que no lo tuvieran, debían ser pagados por las diputaciones provinciales junto con los gastos del viaje. El número total de diputados debía ser de 162 con 29 suplentes.[31]
La conspiración
republicana
Iturbide siempre vio con malos ojos a los antiguos insurgentes, y por tal motivo, no los admitía en sus filas, logrando que ellos no lo tuvieran en estima. Así, estos se reunieron en la casa del ex corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez[32], para planear una conspiración con el fin de establecer una república. Sin embargo, la conjura fue descubierta cuando enviaron una carta a don Pedro Celestino Negrete, pensando que podían dirigirse a él a sabiendas que era de ideas liberales. Pero este remitió la carta a Iturbide, lo que destapó todo. Entonces, el gobierno capturó y encarceló a 17 personas, entre las que se encontraban Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Miguel Barragán, entre otros antiguos insurgentes y varios oficiales de distintas graduaciones. La regencia avisó a la junta, y como al parecer la intentona iba en contra de Iturbide, se le ofreció una escolta de 40 soldados, de los cuales aceptó 20 y solo por algunos días. Una investigación llevó a la conclusión de que la conspiración se reducía solo a habladas entre sus integrantes, y que no contaban con los medios para llevar a cabo algo más serio, por lo que, salvo Victoria (que después se fugaría y ocultaría), fueron puestos en libertad.[33]
La falta de recursos
La regencia y la junta tuvieron, desde un inicio, que liar con la falta de recursos para cubrir con los gastos del imperio. Cuando Iturbide tomó Querétaro durante junio de 1821, emitió un bando que suprimió contribuciones y derechos y redujo las alcabalas, aprobando la junta todas estas disposiciones aunque no estuvieran del todo de acuerdo, pues se consideraban un primer fruto de la independencia. También suprimió el derecho sobre el aguardiente de caña y disminuyó el del pulque cuando entraba a la ciudad de México. Por otra parte, y a raíz de los resultados obtenidas por la junta de crédito público, instruida por la Regencia en un decreto del 25 de octubre para calcular el monto de la deuda, se conoció que esta era de 76 286 499 pesos, sin poderse solventar siquiera los gastos más urgentes; por ejemplo, el de la conducta de Manila, de cuyos fondos tomó Iturbide medio millón de pesos cuando se sublevó y que fueron utilizados para el movimiento de las fuerzas independentistas. En cuanto al tabaco, uno de los productos que más redituó al gobierno español en los momentos de más apremio durante la guerra, se encontraba destruida y en deuda, pues a los tabacaleros se les debía el producto de sus cosechas, lo que ocasionó que estos las vendieran a los contrabandistas, además de que se permitió la entrada de tabaco del exterior, lo que llevó a que bajara su venta en rama y el labrado del estanco. Con el fin de fomentar su siembra, se autorizó al almirante generalísimo contratar un préstamo de un millón y medio de pesos, hipotecando las rentas del imperio que estuvieran libres de compromisos.[34] [35]
En cuanto al comercio marítimo, el gobierno español la había mantenido con Europa solo entre el puerto de Veracruz y el de Cádiz, junto con algunos más habilitados en la península ibérica. Esto también aplicaba para los buques nacionales y extranjeros procedentes de otros puertos. Con Asia, el puerto permitido para hacer intercambio era Acapulco, con un solo buque despachado anualmente desde Manila, la llamada nao de China. Con el imperio, se abrió el comercio con todas las naciones, por lo que era de importancia que señalara los puertos por donde debía hacerse y el impuesto que debía cobrarse, dándose el caso de que buques franceses y norteamericanos llegaron a puertos que no estaban habilitados para el comercio y se ignoraba cuánto cobrar por los derechos. No sería hasta fines del noviembre de 1821, cuando la junta abordó el arancel que deberían de pagar. Por otra parte, prohibió la importación de algunos artículos como tabaco, algodón en rama, cera labrada, oro y plata en pasta. Y permitió la entrada a los tejidos e hilaza de algodón, paños y tejidos de lana, ropa, harina, azúcar y aguardiente de caña. Declaró libre de derechos la importación de azogue (mercurio), lino, maquinaria e instrumentos para la agricultura, minería, artes y aquellos útiles para las ciencias, libros no empastados, música, plantas exóticas y sus semillas, así como animales vivos.[36]
Las importaciones eran escasas debido a que se había interrumpido el comercio con España y aun no se habían establecido con otras naciones. Por ello, los productos de las aduanas eran pocos, como la de Veracruz, que aun siendo el único puerto con más movimiento marítimo, los barcos que llegaban descargaban sus mercancías en Ulúa, pagando los derechos al mariscal José Dávila, para posteriormente ser llevada de contrabando a Veracruz sin pagar los aranceles correspondientes. Como la baja de las rentas se había dado en los productos de todas las provincias, sus cajas apenas podían con sus propios gastos, por lo que no solo no enviaban excedentes a la tesorería general de México, sino que en ocasiones tenía que pedirle para complementarse.[37]
Los préstamos forzosos fueron un recurso que emplearon los virreyes Venegas y Calleja en situaciones muy desesperadas, sin percatarse en el descontento que estas generaban. Con todo y ello, la junta no dudó en hacer uso de este, aun a sabiendas de los inconvenientes que traería. Para evitarlo hasta donde fuera posible, la regencia autorizó el 26 de noviembre de 1821, que a través de tres o cuatro personas de las más ricas, solicitaran a los más adinerados y a las corporaciones de todo tipo, que voluntariamente aportaran los 300 000 pesos mensuales de déficit que tenía el gobierno. Desafortunadamente, fueron muy pocos los que apoyaron, obligando a la regencia a hacer uso de la fuerza. Para ello, comisionó al consulado a que distribuyera entre los vecinos ricos de la capital, una cierta cantidad a cubrir mensualmente durante el tiempo que la junta permaneciera en el cargo y también para dejar algo de dinero al congreso; sin embargo, muchos de los vecinos se dejaron llevar a prisión por no haber aportado las cantidades que se les solicitó, llenándose los cuarteles de presos. La desconfianza generada por estas medidas trajo como consecuencia que escaseara el circulante, lo que se atribuyó en su momento al dinero que se llevaban los españoles en su emigración (lo que en parte era verdad), obligando a Iturbide a ordenar a las aduanas que no se permitiera la extracción de plata y oro acuñado de ninguna población. Esto trajo como resultado que se paralizara el comercio, haciendo esto recular a la regencia, que finalmente permitió el traslado de caudales para el comercio interior y con ello evitar la ruina de los negocios y la minería.[38]
La guerra de independencia había provocado la destrucción de la industria minera: Las minas se encontraban inundadas, su maquinaria y oficinas destruidas al igual que las haciendas o ingenios para la obtención de los metales. La plata en pasta se comerciaba a precios muy bajos, mientras que permanecían todas las contribuciones sobre este metal y su amonedación, sometiéndose al pago de alcabala todos los artículos exentos de ella en favor de la minería; y este gravamen se había duplicado de lo que era antes de la insurrección, pues se habían establecido otros para los gastos generados por el conflicto. Solo Zacatecas se mantenía productiva y próspera, por haberse establecido una casa de moneda provisional desde inicios de la revolución y que conservó el gobierno. La caída de la minería arrastró a la agricultura y a todos los ramos que fomentaba. Para contrarrestarlo, el 18 de febrero de 1822, la junta aprobó un dictamen en donde disminuyó el pago de los derechos de la plata y su amonedación, dejando el pago de la alcabalas por los productos de la minería. También declaró libre de impuestos el azogue, ya fuese del obtenido en el país o importado de Europa o Asia, y mandó a que se diera a los mineros la pólvora que necesitaban al costo y costas.[39]
El
ejército
Los últimos cuatro meses de 1821, el gasto total del ejército ascendió a 1 272 458 pesos 5 reales 8 granos, mismo que fue cubierto con recursos que se obtuvieron enteramente de la capital, con excepción de una pequeña cantidad procedente de las provincias. Por otra parte, la milicia había permanecido de igual forma que antes de la guerra de independencia, solo se habían cambiado los elementos distintivos de los generales, jefes y oficiales; y algunos cuerpos habían variado sus nombres al unirse a la causa Trigarante, conservando la mayoría sus antiguas denominaciones. El 7 de noviembre, Iturbide, haciendo uso de sus facultades, mandó reformar los cuerpos de infantería según el reglamento español de 1815, con la salvedad de que los regimientos de esta arma debían tener dos batallones en lugar de tres, como lo indicaba el reglamento. Además de la plana mayor del regimiento, cada batallón tendría la suya y estaría compuesta por una compañía de granaderos, otra de cazadores y seis compañías de fusileros. A su vez, cada compañía estaría conformada por 5 oficiales y 48 soldados, que en tiempos de guerra podía ser aumentada hasta 64, junto con su respectiva dotación de sargentos, cabos y tambores. Con esta distribución, organizó siete regimientos con las tropas de México: el 1, compuesto por los batallones de Celaya y Guanajuato, con Iturbide a la cabeza, nombrando comandante del primer batallón a Cela[40]; el número 2, con Pedro Otero al frente, fue conformado por los batallones de Tres Villas, Santo Domingo, Imperio y depósito; el 4, con Corona, Voluntarios de la Patria y 1° Americano; el 5, con los antiguos patriotas o insurgentes del Sur, se le dio a Lobato; el 8 se formó en Veracruz para reemplazar al Fijo con Santa Anna al frente, quedando por distribuir más regimientos con las tropas de otras provincias, hasta llegar al número de trece. En el caso de la caballería, se usó el reglamento propuesto por el inspector general de esta arma, según el cual cada regimiento estaría compuesto de cuatro escuadrones de dos compañías, teniendo cada cuerpo 856 soldados, además de su plana mayor, oficiales, sargentos, cabos y músicas. En la artillería e ingeniería, no hubo variaciones. Las fábricas de armas se concretaron a trabajos de reposición y compostura, y la fábrica de pólvora continuó a cargo del gobierno.[41]
La Orden de Guadalupe
Desde antes que se instalara la junta, Iturbide había propuesto premiar a aquellos miembros del ejército que participaron en lograr la independencia. Aquella, con el deseo de hacer lo mismo, el 16 de octubre expresó a la regencia que estaba en disposición de otorgar todos los premios que esta creyere no estar en sus facultades y dependieran de la junta. El 9 de noviembre, el generalísimo almirante propuso a la regencia (y esta a su vez a la junta), “la creación de una o dos órdenes militares, pues aunque se había hecho la promoción de generales que hemos visto, y se había concedido posteriormente otros premios, en vista de las recomendaciones que habían hecho los jefes de los cuerpos a quienes se habían pedido informes por orden general, sobre las acciones que se hubiesen distinguido algunos oficiales bajo su mando; era menester que hubiese, conforme a la práctica de todas las monarquías, distinciones y honores con que retribuir el mérito de cada persona según sus circunstancias, sin perjuicio de conceder un grado general a todo el ejército, de lo que se estaba ocupando.” Esto dio pauta para crear la orden imperial de Guadalupe, siendo la regencia facultada por la junta en sus decretos del 13 de octubre y 7 de diciembre de 1821, habiéndose aprobado los estatutos que la primera elaboró con el decreto del 20 de febrero de 1822, aunque no se publicó por estar muy cerca la instalación del congreso, el cual lo confirmó y aprobó el 13 de junio de este último año. La orden no estaba destinada a premiar únicamente al mérito militar, sino a los servicios hechos a la nación en todas las carreras. Fue declarada la virgen de Guadalupe como su protectora, por serlo también del imperio. [42]
*****
Una vez que la junta concluyó los puntos principales para la que había sido convocada, siguió ocupándose de otros de muy poca importancia y que no correspondían al poder legislativo o debían dejarse al congreso. Por otra parte, la junta había ido mermando en la cantidad de sus integrantes desde el día en que se instaló, pues algunos habían sido elegidos para integrar la regencia. También se redujo por los militares que estaban desempeñando cargos que les impedía asistir a la junta, por lo que las sesiones se abrían tarde y con pocos integrantes, pues estos se iban cansando y no recibían remuneración alguna, prefiriendo dedicarse más a sus asuntos particulares que a los del pueblo. Con todo y ello, dictó otras medidas sobre diversos asuntos particulares, y su penúltimo decreto (23 de febrero de 1822)[43], fue aprobar la propuesta que la regencia hizo para los títulos de “vizconde de Velázquez y marqués de la Cadena”, en la persona de José Manuel Velázquez de la Cadena, integrante de la misma junta.[44] [45]
[1] Durante su viaje a
Nueva España, fue atendido de esta enfermedad por el médico Manuel Cordoniú.
[2] Lo verificó el 26 de septiembre por la garita
de Belén.
[3] Lucas Alamán, Historia
de Méjico: desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el
año de 1808 hasta la época presente. Parte segunda. Tomo V, Méjico,
Imprenta de J. M. Lara, 1852, p. 358, 360
[4] “México”, en Gaceta
imperial de México, 11 de octubre de 1821, T. I, Núm. 6, p. 35-37
[5] Alamán, op. cit., p. 358-359
[6] Niceto de Zamacois, Historia de Méjico desde sus tiempos más remotos hasta el gobierno de Benito Juárez. Tomo XI, Méjico, Juan de la Fuente Párres, editor, p. 17-18
[7] “México”, op. cit., ibídem
[8] José María Bustamante, Cuadro histórico. Tercera parte de la tercera época. Carta décima sexta y última. Tomo V, México, Librería de D. Mariano Galván, 1823, p. 326
[9] Uno de sus redactores fue el abogado Juan José Espinosa de los Monteros, vocal secretario de la junta. Zamacois, Op. cit., p. 7
[10] “Quise sobre todo, en su totalidad llamar a aquellos hombres de todos los partidos, que disfrutaran cada uno en el suyo el mejor concepto, único medio en estos casos extraordinarios, de consultar la opinión del pueblo.” Bustamante, op. cit. p. 325
[11] Niceto de Zamacois erróneamente señala que la junta estuvo compuesta por 34 personas, de las cuales siete eran españoles, entre ellos O´Donojú. Zamacois, Op. cit., ibídem
[12] Doctor en leyes. En la ciudad de Veracruz hay una calle que lleva su apellido.
[13] Clemente Cruz Peralta, “El elegido inesperado. Pedro José de Fonte, último arzobispo de la Nueva España”, Tesis de doctorado, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2021, p. 461
[14] Según Alamán, era uno de los “adictos a los principios liberales en materias políticas, pero que no se tocasen asuntos religiosos y otros, como todos los títulos y mayorazgos, que dependían enteramente de Iturbide y votaban según las disposiciones de este.” En la ciudad de Veracruz hay una calle que lleva su segundo apellido.
[15] Diario de las sesiones de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio mexicano, México, Imprenta imperial de Alexandro Valdés, 1821, p. 331
[16] Ni la cesión del terreno ni el millón de pesos llegaron a tener efecto, pues Iturbide se rehusó a admitir esta concesión. También renunció, a favor de las necesidades del ejército, a setenta y un mil pesos, que corrieron del 24 de febrero al 28 de septiembre de 1821, cuando fue nombrado generalísimo almirante, acción que fue publicada por la regencia para ensalzar el “acendrado patriotismo y las sublimes virtudes del libertador”.
[17] Alamán, op. cit., p. 338-341, 465-466
[18] Para mayores detalles sobre la ocupación de Ulúa, léase las entregas 6 y 7 en este mismo blog.
[19] Alamán, op. cit., p.361, 364, 365
[20] “México”, en Gaceta imperial de México, 16 de octubre de 1821, T. I, Núm. 8, p. 52
[21] Abogado, poeta y literato. Perteneció al partido liberal, contrario a Iturbide. En la ciudad de Veracruz hay una calle que lleva sus apellidos.
[22] “México”, op. cit., p. 51
[23] Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos. Tomo cuarto. México independiente, 1821-1825, Barcelona, Espasa y Compañía, Editores, p. 37
[24] Fagoaga se había manifestado a favor de la Independencia de México, por cuya causa había sido apresado y expatriado. Firme en sus convicciones, era partidario de la monarquía como gobierno, con un príncipe de la familia real, pero con todas las limitantes dadas por la Constitución española.
[25] Alamán, op. cit., p.370-371
[26] Zamacois, op. cit., p.14-15
[27] Alamán, op. cit., p.372-373
[28] “El siguiente bando comprende las facultades del Serenísimo Sr. Almirante” en Gaceta Imperial de México, 27 de noviembre de 1821, p. 212
[29] Alamán, op. cit. p. 375-376
[30] Abogado. En la ciudad de Veracruz hay una calle que lleva sus apellidos.
[31] Alamán, op. cit., p.390-395, 398
[32] Esposo de la insurgente Josefa Ortiz, “la corregidora” de Querétaro.
[33] Alamán, op. cit., p. 409-411
[34] Ibíd., p. 413-417
[35] Riva Palacio, op. cit., p. 45
[36] Alamán., op. cit., p.417-419
[37] Ibíd., p. 421-422
[38] Ibíd., p. 423-425, 428-430
[39] Ibíd., p. 437-439, 441-442
[40] Manuel Rodríguez de Cela. Participó activamente en la defensa de San Juan de Ulúa; esto, durante la guerra de los Pasteles (1838). Falleció de enfermedad en la ciudad de México, el 11 de abril de 1850.
[41] Ibíd., p.443, 445-451
[42] Ibíd., p.451-452
[43] Colección de los decretos y órdenes que ha expedido la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, desde su instalación en 28 de septiembre de 1821, hasta 24 de febrero de 1822, México, Don Alejandro Valdés, impresor de cámara del imperio, 1822, p. 254
[44] José Manuel Mariano Joaquín Ignacio Velázquez de la Cadena y Villamil, primer marqués de la Cadena. Capitán retirado y regidor del ayuntamiento de México. Una calle de la ciudad Veracruz lleva sus apellidos.
[45] Ibíd., p.459, 469
Imagen de encabezado: El Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el acta de Independencia del Imperio Mexicano. Abajo, Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú; y en medio de ellos, el anverso y reverso de una moneda de 8 reales con la efigie del Emperador Agustín I.
*****
Bibliografía
Alamán, Lucas, Historia de Méjico: desde los
primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la
época presente. Parte segunda. Tomo V, Méjico, Imprenta de J. M. Lara,
1852, pp. 338-341, 358-360, 361, 364, 365, 370-373, 375-376, 390-395, 398,
409-411, 413-419, 421-425, 428-430, 437-439,
441-442, 451-452,
459, 465-466, 469
Bustamante, Carlos María, Cuadro Histórico
de la revolución mexicana. Tomo V, México, Imprenta de la calle de los
rebeldes número 2, 1840, p. 326
Colección de los decretos y órdenes que ha
expedido la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, desde
su instalación en 28 de septiembre de 1821, hasta 24 de febrero de 1822,
México, Don Alejandro Valdés, impresor de cámara del imperio, 1822, p. 254
Cruz Peralta, Clemente, “El elegido inesperado.
Pedro José de Fonte, último arzobispo de la Nueva España”, Tesis de doctorado, El Colegio de México, Centro de
Estudios Históricos, 2021, p. 461
Diario de las sesiones de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio mexicano, México, Imprenta imperial de Alexandro Valdés, 1821, p. 331
“México”, en Gaceta
imperial de México, 11 de octubre de 1821, T. I, Núm. 6, pp. 35-37
“México”, en Gaceta imperial de México,
16 de octubre de 1821, T. I, Núm. 8, p. 52
Riva Palacio, Vicente, México a través de
los siglos. Tomo cuarto. México independiente, 1821-1825,
Barcelona, Espasa y Compañía, Editores, pp. 37, 45
Zamacois, Niceto de, Historia de Méjico desde sus tiempos más remotos hasta el gobierno de Benito Juárez. Tomo XI, Méjico, Juan de la Fuente Párres, editor, pp. 7, 14-15, 17-18
No hay comentarios:
Publicar un comentario